𝗟𝗼𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗽𝗮𝗿𝗲𝗰𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗠é𝘅𝗶𝗰𝗼 𝘆 𝗹𝗮 𝗢𝗡𝗨

 Fernando Hinterholzer Diestel 

México vive desde hace unos años, una crisis inhumana que la administración de la 4T ha sido incapaz por decir lo menos, y en muchos casos reticentes a enfrentar con toda la fuerza del Estado. La desaparición de personas se convirtió en el rasgo más desgarrador de la crisis de seguridad del país, representa una crisis estructural marcada por la impunidad. “Las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas muestran una realidad devastadora que supera las 120 mil personas desaparecidas que siguen sin ser localizadas”. Lo más alarmante es que la cifra de desaparecidos es mayor durante los años de gobierno de López Obrador que sumados todos los sexenios anteriores. Pero la tragedia no termina con la desaparición. El abandono institucional que enfrentan las víctimas y sus familias revela otra dimensión del problema: el fracaso del sistema de atención a víctimas en México. La Ley General de Víctimas, aprobada hace más de una década, estableció la creación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas y de comisiones ejecutivas en los estados. En la práctica, sin embargo, el sistema sigue operando con enormes carencias. A la Comisión Nacional le recortaron presupuesto y capacidad operativa ya hace varios años y muchas comisiones estatales carecen de presupuesto suficiente, personal especializado o mecanismos eficaces de coordinación con fiscalías y comisiones de búsqueda. 

México no sólo enfrenta una crisis de desapariciones, enfrenta una crisis de verdad y de justicia. Durante los últimos años, las cifras oficiales han confirmado lo que las familias han denunciado una y otra vez: las desapariciones no disminuyen, se acumulan. Alrededor de 62 mil personas desaparecidas durante la administración de AMLO, alrededor de 50 diarias en periodos recientes y sobretodo la impunidad del 99% no podemos hablar de una falla marginal, es todo el sistema operando sin consecuencias. El informe de la ONG Causa en Común es devastador, “nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre, documenta una omisión sostenida del Estado frente a esta tragedia”. El Sistema Nacional de Búsqueda no se ha consolidado, las fiscalías carecen de capacidades forenses suficientes y miles de cuerpos permanecen sin identificar En el año 2025, en México se registraron más de 15 mil personas de las que “no se tiene rastro ni ubicación”. Esto significó un incremento de más del 10% respecto de 2024 y de 57.2% en comparación con 2019, el primer año de los gobiernos de la Cuarta Transformación. La administración de la presidente Sheinbaum ha “presumido” de una mejor seguridad pública en el país, “tomando como indicador el número de personas asesinadas”, que ha ido en descenso desde que ese crimen alcanzó su pico en 2020. Sin embargo, poco han hablado sobre el tema de las desapariciones y cuando lo han hecho ha sido para desestimar la gravedad del problema o para reinterpretar a modo o incluso cuestionar las cifras que ellos mismos compilan, y es entendible, pues el número de personas ausentes no ha dejado de crecer en los últimos seis años. Nada que presumir. Y hace 4 días, el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó llevar a su Asamblea General, con carácter de urgente, la crisis de desapariciones que se viven en México, “para que se considere apoyar al país a prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos crímenes”. 

México (como siempre sucede en estos casos) rechazó el informe de la ONU sobre desapariciones, “dice la burocracia que por ser tendencioso y falto de rigor”. Al dar a conocer sus conclusiones, dicho Comité informó que existen indicios fundados de que las desapariciones se siguen perpetrando en México “como crímenes de lesa humanidad”, mediante ataques generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos, dirigidos contra la población civil, así o más claro. “El Comité concluye que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad, mediante varios «ataques» generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos, dirigidos contra la población civil, de conformidad con políticas estatales u organizacionales de cometer tales ataques o de promover esa política, es decir, políticas concebidas y/o aplicadas por autoridades públicas en los ámbitos federal, estatal o municipal, o por «organizaciones» que actúan de forma autónoma o con la complicidad y, como mínimo, la aquiescencia de autoridades públicas en los ámbitos municipal, estatal y federal.”, señala el documento. Asimismo, consideró que existen políticas concebidas y aplicadas por autoridades públicas en los ámbitos federal, estatal o municipal o por organizaciones que actúan de forma autónoma, con la complicidad o, como mínimo, la aquiescencia de autoridades para perpetrar las desapariciones.  “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil", dijo en un comunicado Juan Albán Alencastro, presidente del Comité. 

En el año 2025, en México se registraron más de 15 mil personas de las que “no se tiene rastro ni ubicación”. Esto significó un incremento de más del 10% respecto de 2024 y de 57.2% en comparación con 2019, el primer año de los gobiernos de la Cuarta Transformación. La administración de la presidente Sheinbaum ha “presumido” de una mejor seguridad pública en el país, “tomando como indicador el número de personas asesinadas”, que ha ido en descenso desde que ese crimen alcanzó su pico en 2020. Sin embargo, poco han hablado sobre el tema de las desapariciones y cuando lo han hecho ha sido para desestimar la gravedad del problema o para reinterpretar a modo o incluso cuestionar las cifras que ellos mismos compilan, y es entendible, pues el número de personas ausentes no ha dejado de crecer en los últimos seis años. Nada que presumir. 

Qué haría un gobierno medianamente honesto frente a un informe tan terrible, en el que se menciona el continuo hallazgo de fosas comunes clandestinas en el país, con más de 6 mil 200 cadáveres y 76 mil restos humanos por identificar. Creo que en primer lugar debería reconocerlo y lamentarlo. Después, pedir auxilio internacional, porque está claro que el Estado mexicano se halla completamente rebasado frente a este terror y la abierta crisis forense en aumento, agravada por la indolencia, ineficiencia y complicidad de muchas fiscalías, la ausencia de personal calificado y de medios y recursos técnicos que ha provocado otra cosa igualmente vergonzosa: que sean los familiares quienes realicen la búsqueda de sus desaparecidos. Un gobierno sensible al menos pediría perdón por no estar a la altura de esta tragedia. En contraste, un gobierno básicamente cínico como el de Morena, que no tiene la menor noción de responsabilidad y rectitud, se indigna y responde al Comité de la ONU que su informe es tendencioso. 

Si el gobierno quiere convencer, no necesita slogans: necesita empezar por lo básico: reconocer el tamaño del problema sin regateos; fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones estatales con presupuesto, personal y capacidades técnicas; crear incentivos reales para que fiscalías investiguen y judicialicen; robustecer los servicios periciales y forenses para reducir el rezago de cuerpos sin identificar; y, sobre todo, proteger a las familias buscadoras, que han tenido que hacer del duelo un oficio ante la indiferencia institucional.  

Santiago Corcuera expresidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, lo expreso claramente: “Ojalá que no vaya a sacar el gobierno de México un comunicado descalificando, atacando e insultando al comité”. El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas anunció su decisión de avanzar con el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención: un mecanismo excepcional que abre la puerta a que la Asamblea General de la ONU intervenga cuando existan indicios de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático. No se trata de un “regaño” protocolario ni de una diferencia de opiniones; es una señal de alarma sobre la magnitud del problema. ES CUANTO 

𝘼𝘿𝘿𝙀𝙉𝘿𝙐𝙈: Si fuera mínimamente sensible el gobierno mexicano, detendría la tragedia de que el país siga siendo una terrorífica fosa común. Este régimen se ha caracterizado por voltear hacia otro lado frente a los problemas que debiese resolver. Su prioridad es retener el poder. Tenemos un gobierno que no soporta la más mínima crítica y que responde con arrogancia y soberbia ante cualquier señalamiento. Trump tiene razón, el gobierno mexicano está dominado por los carteles criminales, que asesinan y desaparecen persona Y por más que intenten negarla, borrarla o maquillarla, esa realidad ya los alcanzó. Y lo peor para ellos es que esto apenas está empezando. 

#𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴𝘔𝘢𝘭𝘺𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴𝘈𝘪𝘳𝘗𝘦𝘰𝘳.