Incumple Estado con víctimas a 20 años de violencia en Atenco

𝙂𝙡𝙤𝙧𝙞𝙖 𝙇𝙚𝙩𝙞𝙘𝙞𝙖 𝘿í𝙖𝙯.CIUDAD DE MÉXICO.- En vísperas de cumplirse 20 años de la represión policiaca en Atenco, Estado de México, y a ocho años de que el Estado mexicano fuera condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la tortura sexual cometida por agentes estatales en agravio de 11 mujeres, “no hay ni un policía procesado por esos hechos, mientras que varias de nosotras estuvimos encarceladas, siendo víctimas”, denunció Edith Rosales, una de las denunciantes que llevó su caso ante la justicia regional. 

Al término de la audiencia de supervisión del cumplimiento de sentencia, convocada por el tribunal interamericano, realizada de manera virtual y cerrada, Rosales reprobó que, durante estas dos décadas, las autoridades del Estado de México y de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), “lo que han hecho es aventarse la bolita”.  

Edith, junto con otras seis de sus compañeras, participaron en la audiencia respaldadas por abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJI), para exponer los grandes pendientes en el cumplimiento de la sentencia ante jueces de la Corte IDH, presididos por Verónica Gómez.  

“El Estado no ha cumplido con su responsabilidad de investigar y juzgar a los responsables y el caso permanece en la impunidad. Nunca nos han presentado un plan de investigación pese a que lo hemos solicitado de manera reiterada. No ha garantizado la información y nuestro derecho a coadyuvar”, explicó Rosales.  

De acuerdo con lo informado en la audiencia, después de varios años en que la Federación solicitó a las autoridades del Estado de México declinar su competencia a favor de la Fevimtra, una vez que se cedió la competencia tras un amparo tramitado por las mujeres agredidas, la institución federal ha sido incapaz de llevar ante la justicia a 19 expolicías federales, dos de los cuales fueron mandos medios.   

“Las acusaciones por la Fevimtra presentan errores, los cuales hemos señalado. Ustedes escucharán supuestos avances, pero no es así. Es importante que hagan una resolución que tome en cuenta las exigencias y se marque el camino a seguir para su cumplimiento”, dijo Rosales a los jueces de la Corte IDH. 

En entrevista con algunos representantes de medios de comunicación, explicó que, a pesar de que la sentencia es clara en que debe ser esclarecida la cadena de mando que ordenó la represión en Atenco en mayo de 2006, “no se ha investigado a los autores intelectuales de la represión, no sólo contra nosotras sino contra muchísima más gente, además en la denuncia, el Ministerio Público solamente reconoce como víctimas a tres de nosotras”.  

Eduardo Guerrero Lomelí, responsable del litigio internacional el Centro Prodh, agregó que a los representantes de las víctimas del caso Atenco prácticamente se les ha marginado de las investigaciones, sin permitirles ejercer la coadyuvancia, lo que ha derivado en que en estos momentos la Fevimtra haya tramitado un amparo para que proceda una orden de aprehensión contra 19 expolicías federales.  

Las mujeres de Atenco también denunciaron la “indolencia y negligencia” de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que no ha proporcionado de manera adecuada los servicios de salud física y mental encomendadas por la Corte IDH para las mujeres.  

Yolanda Muñoz Diosada explicó que ante los obstáculos que han vivido las mujeres beneficiadas de la sentencia para acceder a servicios de salud, solamente cuatro de las 11 mujeres aceptaron continuar con los servicios proporcionados por el gobierno federal.  

Contó que, ante la falta de atención médica adecuada, las familias afectadas han tenido que solventar pagos de sus medicamentos, con el compromiso de la CEAV de reintegrarles los recursos, lo que por lo general no ocurre en un tiempo razonable. 

“Hemos recibido un trato revictimizante en nuestra exigencia de que se nos den los tratamientos adecuados y se nos repongan los gastos, basta saber que desde junio de 2025 la CEAV ha sido incapaz de pagar una factura de 30 dólares”, apuntó Yolanda Muñoz.  

“Al recibir la sentencia de la Corte estábamos convencidas de que sería una oportunidad para abrir camino de justicia no sólo para nosotras, sino para otras mujeres que permanecen en prisión, sin acceso a acompañamiento, justicia o atención médica y psicológica”, expuso ante los jueces Norma Jiménez en la audiencia virtual. 

“El Estado ha tenido 20 años para esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades, generar mecanismos para evitar la repetición de los hechos a múltiples escalas (…) Después de 20 años seguimos pidiendo algo que debería ser una certeza para todas las mujeres: seguridad, un trato digno y una vida libre de violencia para todas las mujeres”, añadió Jiménez.  

Entre las medidas de no repetición que siguen sin ser cumplidas del todo, los abogados del Centro Prodh recordaron que, en la sentencia, la Corte IDH había instruido al fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual, que había sido creado en 2015, precisamente después de una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

Hasta ahora, explicaron que dicho mecanismo “no ha logrado modelos de actuación para el seguimiento y atención a los casos que representan”, y que el avance más tangible es la emisión del Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual en el país, que tuvo su primera edición en 2021 y que se espera una segunda presentación este año, sin que se haya precisado la fecha exacta. 

Asimismo, los representantes de las víctimas agregaron que ha resultado prácticamente imposible implementar un observatorio independiente de la Guardia Nacional, tal como lo ordenó la Corte en su sentencia. 

Apuntaron que la urgencia de tener un mecanismo de supervisión externo es más que necesario, sobre todo por los “riesgos derivados de la reforma constitucional de 2024 que convirtió a la GN en parte de la Fuerza Armada permanente, sin establecer controles efectivos sobre el actuar de esta corporación, sumado a la ampliación del fuero militar y la opacidad de los informes pormenorizados de uso de la fuerza”.  

Eduardo Lomelí señaló que, tras la audiencia de supervisión, lo que los defensores y víctimas esperan es que representantes del Estado mexicano se acerquen a las víctimas y a sus representantes en busca de cumplir la sentencia, 

“Lo que viene es un periodo de intercambio de información con la Corte, entre el Estado y la representación de las víctimas, pero cabe destacar que la Corte tiene la facultad de llamar a una audiencia pública de supervisión, que sería muy importante para hacer una amplia exposición del incumplimiento de la sentencia”, puntualizó Eduardo Guerrero.(𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘰.𝘤𝘰𝘮.𝘮𝘹).

#𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴𝘔𝘢𝘭𝘺𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴𝘈𝘪𝘳𝘗𝘦𝘰𝘳.