𝗘𝘅𝘁𝗼𝗿𝘀𝗶ó𝗻 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲

Fernando Hinterholzer Diestel

Una vez que se ha comenzado la estrategia desde el gobierno federal para combatir y erradicar la extorsión con la que los carteles criminales atacan a todos los sectores de la población, con un poder violento y sangriento es hora de empezar a ver resultados. Las extorsiones prácticamente estan en todos los niveles de la economia, ya que los criminales se apoderaron durante los ultimos 7 años de la distribución y venta de productos básicos como el huevo y la tortilla, de materiales de construcción, de transportistas, taxistas, comerciantes de todo tipo, incluyendo a los que para sobrevivir, venden algún dulce o alimento en las esquinas de las calles, ese es el nivel real de la extorsión y cobro de derecho de piso. Aunque se ha reconocido que “los abrazos que convirtieron en gobiernos terroristas y sanguinarios a estos grupos criminales, están sufriendo un cambio que no debe regatearse sino fortalecerse desde todos los ámbitos del Estado mexicano, sin dejar en la impunidad a quienes en complicidad han sido cabezas de estos grupos. La estrategia contra la extorsión debe ser un modelo para hacer frente a los ataques al Estado de derecho. El diagnóstico de lo que sucede,“esta basado en datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”: ”La extorsión creció 27.7 por ciento entre el primer semestre de 2019 y el mismo periodo de 2025: pasó de un promedio diario de 23.96 casos a 30.55. •En 2019 se abrieron 8 mil 734 investigaciones y para diciembre de 2023 la cifra fue de 10 mil 337, esto es, un incremento de 18.35 por ciento. En los primeros ocho meses de este gobierno se registraron 7 mil 244 casos; si se proyecta la cifra a 12 meses, se calculan 10 mil 866”.

En ocho estados del país, se concentran el 66 por ciento de los casos: Edomex, 3 mil 49 y luego, en orden descendente, Guanajuato, Nuevo León, CDMX, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Guerrero. La estrategia nacional comprende una iniciativa para crear la “Ley General contra la Extorsión” para determinarlo como delito grave y perseguirlo de oficio. Al ser una ley general, se obliga a las entidades federativas a legislar en la materia. Hay tambien líneas de la estrategia como es la habilitación del número 089 para la recepción de denuncias, mismas que deberán atenderse “mediante un protocolo de protección a las víctimas y poner en marcha actividades de investigación e inteligencia y, en su caso, de activación de detenciones”. La estrategia comprende también, operativos sorpresa en carceles, congelamiento de dinero, creación de unidades antiextorsión locales y capacitación en manejo de crisis y negociación. Todo apoyado a través de campañas nacionales de prevención. Puede decirse que la estrategia tendrá éxito, en una primera etapa, en la medida en que se registren detenciones, se obtengan sentencias y se contenga el crecimiento del delito; en el mediano plazo, la medida de lo logrado deberá ser la paulatina reducción de casos de extorsión, lo que evidenciaría que el Estado ha podido inhibirla combatiendo la impunidad y mostrando su capacidad de prevención, combate y sanción.

Es muy importante que se haya dado a conocer el diagnóstico y comprometer un esfuerzo efectivo para combatir a la extorsión, que tanto empodera al delincuente y que y afecta a la economía y la tranquilidad de la poblacion. “El número de carpetas de investigación, de un delito generalizado en el país, “cuya incidencia del delito se ha disparado casi 58 por ciento de 2018 a enero de 2025 (dato de la propia   iniciativa de la Ley General contra la Extorsión)”, y con una cifra negra que está estimada en 96 por ciento, de acuerdo a un estudio de las Camaras empresariales  de hace dos años”. Se trata de uno de los delitos más graves que aquejan a los mexicanos considerando sus diversas modalidades: “directa o indirecta, llamada telefónica, mensajes en redes sociales, cobro de piso, amenazas, secuestros virtuales”, mismos que afectan a personas de todos los niveles socioeconómicos y ataca el patrimonio y actividades económicas de personas de cualquier nivel asi como de grandes empresas en áreas urbanas y rurales. No hay que olvidar, que la extorsión es un delito del fuero común, que le corresponde atender a las fiscalías estatales, mismas que “tendrán la mayor responsabilidad para actuar, y no que lo deleguen a las autoridades federales” La informacion que se aporte sobre tentativas de extorsión en llamada al número telefónico 089  aportará importantes indicios para la investigación.

En los últimos años la extorsión ha tenido un crecimiento exponencial y el que más afecta a la economía familiar. Sin embargo, solo se denuncian el 0.2 % de los casos, es decir, “apenas 20 de cada 10 mil extorsiones, según cifras del INEGI”. Aun así, el gobierno ha decidido que su estrategia principal se centre en la denuncia. Es un secreto a voces que todos los comerciantes pagan, “y que las autoridades les dicen que mejor paguen, para que no los maten”, terrible realidad. Hoy en dia, este delito aumenta tanto desde las cárceles como en las calles en la modalidad de “cobro por derecho de piso”. No obstante, el uso de inteligencia no solo debe depender de que la víctima denuncie, “se requiere mapear redes de extorsión con análisis financiero, territorial y digital; detectar depósitos sospechosos, cadenas de cobro, patrones en llamadas y el uso de ciertos cajeros o aplicaciones” La extorsión, en todas sus formas, es la consecuencia de un Estado que no existe. El “derecho de piso”, representa “una cuota” que comerciantes, transportistas o vecinos deben pagar para seguir trabajando o simplemente vivir sin ser atacados, solo progresan donde el Estadono funciona, o peor aún, donde está “capturado”. Quien cobra no es simplemente un delincuente: es el sustituto del Estado. Amenaza, sanciona, cobra y, en algunos casos, incluso asesina, y todo a cambio de “una lana”. Es una soberanía criminal perfectamente adaptada a la ausencia institucional. Dónde están las policías municipales funcionales que pueden aplicar esta estrategia. Dónde están las fiscalías locales con capacidad de investigar. Dónde está la coordinación real entre niveles de gobierno. La respuesta es clara: no están. Y no están porque tenemos un problema profundo de gobernanza que nadie quiere nombrar. La extorsión es uno de los delitos más crueles y cínicos, que además de causar un enorme daño a las víctimas, tiene graves efectos en diversas esferas de la vida en común. Implica la irrupción del crimen en la vida de una persona, de una familia o de una comunidad. De pronto aparecen ellos, los que exigen cuotas a capricho, los valientes que se escudan tras armas de alto poder para ejercer su insolencia criminal mediante el despojo sistemático del fruto del trabajo ajeno. Así es fácil imponer condiciones, explotar a otros y materializar amenazas. La persona o familia amagada pierde la tranquilidad, el gozo de su esfuerzo, la ilusión de hacer crecer su negocio. Sobreviene la impotencia, la zozobra, la indignación de saberse sometido y despojado.

ES CUANTO

𝘼𝘿𝘿𝙀𝙉𝘿𝙐𝙈: La fotografía de una maestra indefensa rodeada por hombres armados y su posterior muerte violenta describe a México y la orfandad en la que viven sus habitantes. La retirada del Estado ordenada por el gobierno pasado ha sido inmortalizada. Es la puerta de entrada a una realidad compleja. El Instituto para la Economía y la Paz, en su índice de Paz México 2025, calculó que el impacto económico de la violencia, tan sólo en 2024, fue de 4.5 billones de pesos (18% del PIB), equivalente a 33,905 pesos por habitante. Por su impacto en las familias y en el entorno de sus ciudades y comunidades, los homicidios representaron 38% de ese costo, es decir, 1.7 billones de pesos, todo ello en un contexto en el que el gasto público en seguridad y justicia se redujo 30% entre 2015-2024 y representó apenas 0.7% del PIB en 2024, menos de la mitad del promedio de América Latina y de los países de la OCDE, de acuerdo con esta organización internacional que midió el impacto económico de la violencia. Por ejemplo, el costo per cápita varía de acuerdo con dichos niveles. Yucatán, 12,309 pesos, que tiene los niveles más bajos de violencia; mientras que Colima fue de 89,916 pesos, Morelos y Guerrero superan 35% de su PIB.

#𝘌𝘹𝘪𝘨𝘪𝘳𝘭𝘦𝘊𝘭𝘢𝘶𝘥𝘪𝘢𝘤𝘶𝘮𝘱𝘭𝘢.