𝗘𝗹 𝗻𝗮𝗿𝗰𝗼𝗴𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗳𝘂𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝗱𝗼

Fernando Hinterholzer Diestel

“El informe de la ONG internacional Transparencia Internacional señala, una muy dura afirmación sobre México: el crimen organizado ha infiltrado la política, afectando la vida de personas”. Un narco-estado es el país donde el narcotráfico no sólo existe, sino que tiene una influencia profunda y estructural dentro del Estado. No se trata simplemente de un país con alto nivel de tráfico de drogas u otras actividades ilegales. La diferencia clave, entre muchas otras, es que funcionarios públicos colaboran activamente con organizaciones criminales. El financiamiento político electoral proviene en parte de redes ilícitas, como quedo demostrado en la detención del alcalde de Tequila en Jalisco.

En un artículo para el diario The New York Times, Mary Beth Sheridan apunta que la Casa Blanca insiste en su discurso sobre la necesidad de intensificar la presencia militar estadunidense en México con el propósito de acabar con los cárteles que trafican fentanilo y otras drogas a través de la frontera. El argumento es persistente: “los cárteles gobiernan extensos territorios y el gobierno mexicano, aterrorizado, es incapaz de acabar con ellos”. Por desgracia, los grupos delincuenciales han ido ganando terreno en una búsqueda por controlar policías municipales, gobiernos estatales, legisladores federales y locales. Como señala Sheridan, el problema de fondo no es que los grupos de narcotraficantes ataquen al Estado; lo preocupante es que los narcos llegan a controlar instituciones completas. En síntesis: un fenómeno de “colusión política” donde grupos delictivos y políticos trabajan juntos para fortalecer ganancias y minimizar riesgos.

La relación entre política y narcotráfico es algo recurrente en los gobiernos basados en la corrupción y los negocios ilegales. Morena, el partido de la presidenta Sheinbaum, es una maquinaria electoral compleja y dividida en facciones, que después del “exilio” de López Obrador, busca afianzar su identidad y autonomía en una lucha intestina cada vez más sorda y peligrosa. Los propios cárteles han adquirido suficiente poder para “expandir” sus ganancias al jugoso negocio de la extorsión. El objetivo central es “domesticar” a autoridades municipales para que rindan ganancias adicionales y se hagan cargo también del derecho de piso. Representa a una generación de políticos exitosos que accedieron al poder gracias a la bursatilización de la política. Invertir para ganar, ganar para recuperar, recuperar para multiplicar. La elección como negocio. El cargo como activo. El Estado como botín. Las campañas son la oportunidad propicia para que los criminales incorporen a sus “cuadros” como funcionarios dóciles y obedientes en espacios públicos. Al final, el dinero sucio que se invierte en los procesos electorales tiene tasas de retorno garantizadas.

Era un dogma “obradorista”. Aceptar dinero de donde provenga, sin averiguar su origen, acabó legitimando una idea devastadora (los sobres del Pio López). En la política morenista, y en otras, aunque hoy Morena sea el caso más visible, no importa la forma, importa ganar. A como dé lugar. Ese de donde sea es la clave para entender lo que ha ocurrido en amplias regiones del país desde 2017. Fue la llave que abrió, de par en par, la puerta del control político e institucional a organizaciones criminales que ya no sólo disputan territorios, sino presupuestos, elecciones y gobiernos completos. En México operan al menos 175 organizaciones criminales. A partir de 2018 muchas encontraron algo mejor que las armas. Candidaturas. No se trató sólo de tolerancia u omisión. En múltiples regiones se formalizó de facto una convivencia política con el crimen. Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Colima. Pero también Baja California, Sonora, Chihuahua, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo. Y probablemente todas las entidades, al menos en aquellos municipios donde el control institucional siempre fue frágil.

Lo que Trump y sus “halcones más duros”, han venido declarando desde hace más de un año, y que el gobierno insiste en negar, a pesar a la cantidad de evidencias en Tequila, Sinaloa, Guerrero, zonas de Michoacán, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, el huachicol, la extorsión. Y la pregunta es, hasta dónde llegará la acción del Estado para desmantelar las estructuras del crimen organizado. La complejidad por la que atraviesa México señala que las presiones “trumpianas” ya no se podrán postergar sin una respuesta contundente. Se ha abierto un gran dilema para el gobierno de Sheinbaum, para que haya un combate a fondo al crimen y al narcotráfico. En esa tesitura, hay un intercambio permanente entre amenazas de intervención directa de Estados Unidos y colaboración, que todos los días amenaza con cruzar las líneas rojas de acciones militares en territorio nacional. La otra parte de la ecuación es que el crimen organizado no solo ha infiltrado al gobierno, sino que ya forma parte de quién sabe cuántos gobiernos locales, municipios y estados, que están gobernados por la coalición morenista. Y no se diga a nivel federal, como se vio con el huachicol fiscal. 

Y todo comenzó durante “los abrazos y no balazos”, lo que puso en bandeja de plata la gobernanza de todo el país a los grupos delincuenciales, a AMLO sólo le importaban las elecciones. El Cártel de Sinaloa le ayudaba a ganar elecciones a Morena. No hay Estado de derecho donde mandan el narco, las mafias de la extorsión, el poder Judicial es apéndice de un partido político y la Fiscalía General de la República ejecuta órdenes de la Presidencia. Cada operativo destapa una cloaca cada vez más honda y pestilente. Las democracias mueren cuando se permite que delincuentes y criminales se apoderen de las instituciones públicas para cumplir con objetivos oscuros e inconfesables. Como lo ha expresado Trump en varias ocasiones, la presidenta Sheinbaum, no puede romper el pacto entre narcotraficantes y el gobierno sin poner en riesgo la permanencia de la 4T en el poder. No se puede acabar “un tumor maligno” que está imbricado en diversos órganos vitales. Proceder contra algunos personajes enclavados en su gobierno o en gobiernos estatales controlados por su partido sería suicida. Sin embargo, algo tiene que hacer para reducir la presión del gobierno de Trump. Sheinbaum ha hecho hasta el momento mucho de lo que se le ha exigido. Extradición de capos. Destrucción de laboratorios. Ha puesto al secretario de Seguridad Pública al servicio de los Estados Unidos. Ha permitido que agentes norteamericanos operen en México. Sin embargo, Sheinbaum tiene pavor, dice Trump. Miedo de romper el pacto con el narco porque podría significar el fin de Morena en el poder.

Si Sheinbaum se atreviera a entregar al gobierno de Trump, a gobernadores vinculados al narco (como Rocha, Durazo, y Villarreal), éstos podrían revelar toda la suciedad y nexos con criminales, se estaría poniendo “la soga al cuello”. Si Sheinbaum decidiera actuar en contra de Adán Augusto López o Mario Delgado, sus acciones la enfrentarían contra López Obrador, que podría activar a los radicales de Morena, para para revocar su mandato. Si Sheinbaum decidiera ir a fondo en contra de los responsables del huachicol fiscal o el descarrilamiento del Tren Interoceánico, se toparía con los hijos de López Obrador y provocaría un sismo en Morena. Concluyendo, el narco-gobierno no es una característica del sistema político morenista: es el sistema político morenista. La presidenta está atada de manos. Sus márgenes se van reduciendo. A pesar de su inmenso poder (controla el Poder Legislativo y Judicial, controla el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, Morena gobierna en 24 de 32 estados), pero no puede proceder contra el cáncer del poderío de los carteles porque forma parte de las estructuras del poder en México.

ES CUANTO

𝘼𝘿𝙀𝙉𝘿𝘿𝙐𝙈: Cuatro hombres levantaron al periodista Epifanio López Roblero, con 28 años de trabajo en el municipio de Huixtla, en la costa chiapaneca, lo golpearon para después abandonarlo con lesiones, sobre la carreta federal, que une la frontera de Guatemala con Chiapas. En entrevista, el periodista que ha trabajado para medios de Chiapas, Tabasco y Morelos.

#𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴𝘔𝘢𝘭𝘺𝘝𝘢𝘮𝘰𝘴𝘈𝘪𝘳𝘗𝘦𝘰𝘳.